A partir de la adopción que hace nuestro país en el seno de la UNESCO de la Declaratoria de Friburgo en 2007, se abrió una ventana en toda la legislación cultural mexicana dando paso a una refrescante y necesaria manera de comprender el acceso a la cultura.
Estrenados hace 15 años en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la siguiente redacción: “… derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales…” no cesan de exhibir la obligación de repensar el funcionamiento de las instituciones públicas encargadas de la cultura.
Lo anterior en estricto sentido significa, entre muchas otras cosas, que, cualquier individuo tiene derecho a, por ejemplo, acudir a un museo, escuchar música, disfrutar de una obra de teatro, estudiar danza o cualquier otra manifestación artística, sin menoscabo de su situación económica y con plena libertad creativa. Este idílico escenario demanda forzosamente a las entidades culturales meditar con urgencia sus esquemas de trabajo en tanto no existirá presupuesto o estructura organizacional capaz de atender tal necesidad.
Muestra tangible de ello, es la clara tendencia al alza de las solicitudes de actividades artísticas provenientes de comités de colonos, entidades del Municipio, personas, escuelas, asociaciones civiles, gestores culturales y artísticos, entre otros, que recibimos en nuestro referente inmediato, el Instituto Cultural de León, cuya atención resulta un verdadero reto operativo. Detengámonos en este punto para precisar que los derechos culturales trascienden la actividad artística, pero innegablemente es un referente para el grueso de la población y un primer contacto importante.
Obviemos, por un instante, todos aquellos elementos adicionales relacionados con el cabal cumplimiento de los derechos culturales, sobre los cuales la institución ya está de por sí rebasada, como la creación y la protección-difusión del patrimonio cultural, sin menoscabo de todos los esfuerzos de muchas instancias en la materia; y centrémonos en lo relacionado al acceso a los bienes y servicios culturales, porque aquí se encuentra el futuro de la política cultural de nuestro país, cuya única salida debe encaminarse a revalorar la vida cultural comunitaria de la mano con la participación y el liderazgo social.
Pero, ¿de qué estamos hablando? De renovar nuestro modelo de intervención cultural y apostar por un esquema que sume a los liderazgos sociales en la promoción de las manifestaciones culturales y artísticas de la propia comunidad asegurando, al ser genuinos y propios, su permanencia, para entonces concentrar los esfuerzos institucionales en ofrecer y gestionar servicios culturales de calidad para la población, alejándonos así de un esquema de asistencialismo cultural. Este modelo ya existe a través del área de Territorios Culturales y es necesario compartirlo con todas las entidades del Municipio, líderes, comités de colonos, ciudadanos interesados, de cuyo ejercicio podría resultar una auténtica revolución cultural.
Voltear a ver y potenciar las expresiones culturales y artísticas de cada comunidad es el punto de partida de este modelo que, además de asegurar la realización de oferta cultural en todos lados, y por ende acercar ésta a la población; además asegura el impulso de creación para así encaminar a la ciudadanía a no solo consumir sino también desarrollarse como autores de esta misma oferta.
El tema da para largas y necesarias jornadas de debate, mismas que seguimos propiciando de manera constante y obligada dentro del ICL, y entre otros entes y ciudadanía a través de espacios de libre expresión como éste, así como en los muchos ejercicios culturales que conocerán en estas páginas.
